Durante el mes de mayo, las noticias nos hablan de una tendencia internacional interesante: el esfuerzo por crear remedios eficaces en contra del discurso de odio y la desinformación. Eso lo vemos reflejado claramente en el caso de la ley francesa que obliga a las plataformas a retirar los discursos de odio en 24 horas y en el caso de un canal religioso, que entrega información potencialmente dañina para la salud de las audiencias.
En ambas situaciones, está en la balanza la libertad de informar por un lado y la protección de los espectadores, por el otro. Se trata de una tensión que siempre está presente en la regulación de los medios. Hoy, se manifiesta en dos formas con las que la autoridad persigue resguardar intereses superiores, como son la democracia por un lado y la salud y la vida de los ciudadanos por el otro.
Sin embargo, aunque esas sean las legítimas motivaciones de esta forma de regulación, existen numerosos detractores, especialmente en lo que se refiere a delegar en las plataformas privadas la potestad de reprimir contenidos que pudiesen ser de odio. Asimismo, aducir falta de contexto en la entrega de información potencialmente dañina para la salud de los espectadores, también podría considerarse una intromisión en la libertad editorial de los medios.
Las sanciones a canales musulmanes –especialmente en países europeos será un tema de discusión a observar, porque será el escenario de una batalla regulatoria donde intervendrán diversos actores.