• Presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) Oscar Reyes, expuso a nombre de la Plataforma de Reguladores de Iberoamérica, (PRAI) de la cual es también presidente, sobre esta forma de robo al patrimonio cultural y social de América Latina e hizo un llamado a los Gobiernos a preocuparse de este delito.
Según las cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en Chile la piratería ilegal sigue siendo un problema relevante tanto para el Estado como para las empresas. Si el crecimiento de la industria de televisión de pago era de un 10% de abonados entre 2013 y 2014, en el periodo de 2015- 2016 es de un 3,5%.
El presidente del CNTV y de la Plataforma de Reguladores de Iberoamérica, (PRAI), Oscar Reyes, expuso sobre esta realidad en un Congreso Internacional de Antipiratería y Contenidos Audiovisuales realizado en Ciudad de México y como plataforma de regulación buscan medidas para tratar la problemática a nivel regional.
“Existen en este momento 16 mil portales o páginas piratas que ofrecen contenido ilegal. 300 millones de latinoamericanos en forma mensual ven televisión, internet y otros productos audiovisuales de manera irregular. O sea, piratean los contenidos de los autores o realizadores que hicieron esas imágenes”, recalcó Oscar Reyes.
El encuentro, que reúne a autoridades de América Latina, realizadores, directivos de las empresas televisivas y otros grandes programadores del audiovisual busca hacer un llamado a los Gobiernos de la región para tomar y promover medidas más concretas al respecto.
“Tenemos que hacer un llamado a los Gobiernos, a los tribunales de justicia, a los parlamentos, a la industria televisiva y a los propios reguladores de contenidos del audiovisual a preocuparse de este delito que está afectando a nuestra sociedad latinoamericana”, señaló el presidente del CNTV y de los Reguladores de Iberoamérica.
El directivo invitó a las empresas televisivas y a las autoridades que “se organicen y hagan campañas de concientización, educación e información para dar a conocer este delito que afecta el patrimonio cultural y social de nuestros países”.
Reyes señaló que debemos estar alertas “porque la tecnología va mucho más avanzada que las leyes y las normativas y eso implica establecer líneas de trabajo conjuntas entre todos los afectados por este delito”.
